Incorporar y desarrollar en el ordenamiento jurídico el derecho a la promoción del consumo sostenible, exigiendo a los poderes públicos políticas que lo fomenten.

“Dotaremos de un nuevo impulso a la protección de las personas consumidoras y usuarias mediante la incorporación y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la promoción del consumo sostenible, añadiendo la exigencia a los poderes públicos para desarrollar políticas transversales que promuevan modalidades sostenibles de consumo mediante una combinación de acciones normativas, económicas y sociales.”