Aprobar una regulación legal del uso de la fuerza policial con protocolos públicos, participación ciudadana o independiente y mecanismos de reparación por uso impropio.

“Se articulará una nueva regulación de rango legal y reglamentario del uso de la fuerza por las fuerzas policiales. Una regulación que sea flexible pero vigilante con el uso de mecanismos menos lesivos; que adecue los protocolos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras recomendaciones de organizaciones internacionales; que permita la participación ciudadana o de organismos independientes en el desarrollo de protocolos de actuación (que han de ser públicos) que supongan un uso de la fuerza, y que articule mecanismos de reparación ágiles y adecuados en caso de uso impropio de la fuerza.”