Promover que las comunidades autónomas pongan en marcha los registros de objetores de conciencia y que la Alta Inspección garantice los derechos sexuales y reproductivos.

“Es prioritario poner en marcha en las comunidades autónomas los registros de objetores de conciencia que recoge la ley, así como garantizar que la Alta Inspección desarrolle sus funciones y garantice los derechos sexuales y reproductivos en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne.”