Exigir solvencia social a las empresas antes de adjudicar contratos públicos, incluido el cumplimiento de la normativa laboral y del convenio.

“Introducir el concepto de solvencia social, previamente a la adjudicación, tanto como criterio para la clasificación de empresas, como para las cláusulas de todos los pliegos de condiciones, con referencias a la obligación de cumplimiento de la normativa laboral general y el convenio colectivo de referencia.”