Reservar a la Administración la gestión de los datos masivos de los servicios públicos, en especial de salud, solo para investigaciones que encargue con fines de interés público.

“La gestión del tratamiento de datos masivos (conocido en el entorno profesional como big data) obtenidos por los servicios de las Administraciones públicas, en especial las referidas a la salud de las personas, debe estar bajo el liderazgo exclusivo de la Administración pública y siempre para proyectos de investigación encargados por ésta y con claros objetivos de interés público.”