Establecer la obligatoriedad de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales individuales y colectivos.

“Estableceremos, de forma clara, la obligatoriedad de los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales individuales y colectivos, en línea con la jurisprudencia sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 729/2020, del 30 de julio, para evitar con carácter definitivo decisiones que cuestionen nuestro sistema democrático de relaciones laborales.”