Aprobar una Estrategia Nacional Anticorrupción y reforzar la puesta en marcha de la Autoridad de Protección del Informante.

“Reforzaremos la entrada en funcionamiento de la Autoridad de Protección del Informante con la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción, en la que se integrarán el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y el conjunto se los instrumentos de prevención y reacción contra el fraude.”